En muchas empresas existen bienes o activos que no encajan exactamente con la actividad ordinaria del negocio. Pensemos, por ejemplo, en una sociedad dedicada a fabricar productos, prestar servicios profesionales o comercializar mercancías que, además, es propietaria de un inmueble, una plaza de garaje, un local, una embarcación, un amarre o cualquier otro elemento patrimonial del que obtiene algún ingreso.
La cuestión que se plantea en estos casos es aparentemente sencilla, pero tiene una evidente trascendencia fiscal: si la sociedad declara en su Impuesto sobre Sociedades los ingresos obtenidos por ese bien, ¿puede deducir también los gastos asociados a su mantenimiento, conservación o titularidad, aunque el activo no esté relacionado con su actividad principal?
El Tribunal Supremo ha respondido afirmativamente a esta cuestión en su Sentencia 639/2026, de 26 de mayo de 2026, dictada en el recurso de casación 1253/2024. La sentencia analiza precisamente si, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, pueden considerarse deducibles los gastos vinculados a un bien que no está afecto a la actividad principal de la empresa, pero que sí genera ingresos que se integran en su base imponible.
El caso analizado por el Tribunal Supremo
El supuesto concreto resulta bastante ilustrativo. Una sociedad cuya actividad principal consistía en la fabricación de artículos destinados a la limpieza del hogar era titular de un amarre situado en el puerto de La Savina, en Formentera. Evidentemente, la explotación de un amarre no guardaba relación alguna con la actividad habitual desarrollada por la empresa.
El amarre había sido adquirido como consecuencia de una ejecución hipotecaria y posteriormente fue cedido a otra entidad, Marina de Formentera, S.A.
Por dicha cesión, la sociedad obtuvo durante el ejercicio 2018 unos ingresos de 21.738,78 euros más IVA. Al mismo tiempo, tuvo que soportar gastos relacionados con el propio amarre por importe de 10.264,56 euros más IVA, que contabilizó como gasto y dedujo en su declaración del Impuesto sobre Sociedades.
La Administración tributaria rechazó la deducción.
El argumento utilizado por Hacienda era que el amarre no se encontraba afecto a la actividad económica principal de la sociedad. Puesto que la empresa se dedicaba a fabricar artículos de limpieza, consideró que los gastos relacionados con el amarre no tenían conexión con su actividad empresarial y, por tanto, no podían ser fiscalmente deducibles.
La regularización practicada por la Administración eliminó esos gastos y exigió a la sociedad el pago de una cuota adicional, junto con los correspondientes intereses de demora.
Inicialmente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó la posición de la Administración, al entender que la empresa no había acreditado suficientemente la relación existente entre los gastos derivados del amarre y su actividad principal.
Sin embargo, el Tribunal Supremo corrige este criterio y da la razón al contribuyente.
La clave: la correlación entre ingresos y gastos
El razonamiento del Supremo parte de una idea fundamental en el Impuesto sobre Sociedades: los gastos deben analizarse atendiendo a su relación con los ingresos que contribuyen a obtener y no exclusivamente atendiendo a la actividad principal de la empresa.
En otras palabras, si una sociedad obtiene un ingreso derivado de un determinado elemento patrimonial y dicho ingreso se integra en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, los gastos directamente relacionados con la obtención o mantenimiento de ese ingreso no pueden rechazarse simplemente porque el bien no esté vinculado con la actividad habitual de la empresa.
En el caso del amarre, la situación resultaba especialmente clara. La sociedad declaraba como ingreso las cantidades obtenidas por su cesión y, al mismo tiempo, soportaba determinados gastos precisamente por ser titular del mismo.
Existe, por tanto, una conexión directa entre unos y otros.
El Tribunal Supremo recuerda además que una sociedad puede desarrollar actividades económicas distintas de las previstas inicialmente en su objeto social o diferentes de su actividad principal. Desde la perspectiva del Impuesto sobre Sociedades, lo relevante no es únicamente cuál sea la actividad principal de la compañía, sino si existe una actividad u operación que produzca ingresos y si los gastos soportados guardan una relación suficientemente acreditada con esos ingresos.
¿Qué doctrina establece el Supremo?
La doctrina fijada por la sentencia puede resumirse de forma bastante clara: cuando una sociedad declara los ingresos generados por un bien que no está afectado a su actividad principal, son deducibles los gastos derivados de la titularidad de ese mismo elemento patrimonial cuando exista correlación entre dichos gastos y los ingresos obtenidos.
El Supremo evita así que el análisis fiscal se realice de manera parcial.
No tendría demasiado sentido que Hacienda exigiese a una empresa tributar íntegramente por los ingresos obtenidos mediante la explotación de un determinado activo y, al mismo tiempo, rechazara todos los gastos directamente asociados a ese mismo activo únicamente porque no forma parte de su negocio habitual.
De hacerlo así, la sociedad terminaría tributando por una renta superior al beneficio económico realmente obtenido.
Volviendo al ejemplo del amarre, si la sociedad ingresa aproximadamente 21.700 euros por su cesión pero necesita soportar más de 10.000 euros de gastos para mantener dicho activo, la capacidad económica derivada de esa operación no viene determinada únicamente por los ingresos brutos obtenidos. Para conocer el verdadero resultado económico de la operación deben tenerse también en cuenta los gastos inherentes a la obtención de esos ingresos.
Esto no significa que cualquier gasto sea deducible
La sentencia es favorable al contribuyente, pero conviene interpretarla correctamente.
El Tribunal Supremo no establece que todos los gastos soportados por una sociedad sean automáticamente deducibles, ni elimina los requisitos generales exigidos por la normativa del Impuesto sobre Sociedades.
Para que un gasto pueda deducirse seguirá siendo necesario que sea real, se encuentre debidamente justificado, esté correctamente contabilizado, se impute al ejercicio correspondiente y no tenga la consideración legal de gasto fiscalmente no deducible.
Además, deberá poder demostrarse la conexión existente entre ese gasto y los ingresos obtenidos.
Lo verdaderamente relevante de esta sentencia es que la Administración no puede negar la deducibilidad basándose exclusivamente en que el bien no está afecto a la actividad principal de la sociedad. El análisis debe ir un paso más allá y examinar si ese elemento patrimonial genera ingresos y si los gastos cuestionados están relacionados con ellos.
Una sentencia con importantes efectos prácticos
El criterio del Supremo puede resultar de interés para muchas empresas, ya que no es infrecuente que las sociedades tengan activos que no formen parte directamente de su actividad ordinaria.
Puede suceder, por ejemplo, con inmuebles recibidos en pago de deudas, bienes adquiridos en procedimientos de ejecución, locales temporalmente sin uso, plazas de garaje, terrenos, amarres u otros activos que hayan llegado al patrimonio de la empresa por circunstancias diversas y que posteriormente sean arrendados, cedidos o explotados de alguna manera.
En todos estos casos será importante analizar separadamente los ingresos obtenidos y los gastos asociados.
Si el activo genera ingresos que se integran en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, los gastos directamente vinculados con su titularidad o explotación no deberían rechazarse únicamente porque el activo sea ajeno a la actividad principal de la compañía.
La sentencia supone, por tanto, una interpretación razonable del principio de correlación entre ingresos y gastos y ofrece mayor seguridad a aquellas sociedades que obtienen rendimientos derivados de activos accesorios o secundarios.
Como siempre, será fundamental conservar una adecuada documentación, contabilizar correctamente las operaciones y poder acreditar de forma clara la relación existente entre el ingreso declarado y el gasto cuya deducción se pretende.
En definitiva, el mensaje que deja el Tribunal Supremo es sencillo: si una sociedad debe tributar por los ingresos obtenidos de un determinado activo, también deben poder tenerse en cuenta los gastos directamente relacionados con la obtención de esos ingresos, aunque el activo no forme parte de su actividad principal. Lo determinante será la existencia de una verdadera correlación económica entre unos y otros y el cumplimiento de los requisitos generales exigidos para la deducibilidad fiscal del gasto.
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